06 - Mar -2020 - 1:49
FacebookTwiter Alberto Fernández, límite a espias
Política

EL PRESIDENTE DECRETÓ UN LIMITE A LOS ESPÍAS Y ORDENÓ LA DESCLASIFICACIÓN DE LOS ARCHIVOS DE LA AMIA




fesdxz


El presidente Alberto Fernández ya lo había adelantado en la apertura de las Sesiones Ordinarias el 1° de marzo, los espías tendrán límite. Publicado ayer en el Boletín Oficial, el decreto modifica la Ley de Inteligencia, mientras que en otro decreto se ordena la desclasificación de los archivos de la causa AMIA.

La modificación vía DNU implica un recorte a las funciones de los espías, que ya no podrán realizar tareas represivas o cumplir funciones policiales o desarrollar tareas de investigación criminal como auxiliares de la Justicia. Solo podrán dedicarse al terrorismo o temas donde se vea alterado el orden constitucional.

Los jueces y juezas ya no podrán apoyarse en los servicios de inteligencia como auxiliares en la investigación criminal de causas por corrupción o narcotráfico. Tampoco podrán influir en cualquier ámbito institucional en el que tenga injerencia el Estado o la población civil; exceptuando una orden judicial de por medio. También tendrán prohibido revelar información que adquieran dentro de su labor.

¿Que dice EL DECRETO: 214/2020 explica que las actuaciones de la AFI en las investigaciones permitieron "generar y retroalimentar vínculos espurios entre entre organismos de inteligencia y algunos sectores del sistema de justicia, totalmente ajenas a sus verdaderas áreas de incumbencia".

En ese sentido, se establece que ningún organismo de inteligencia podrá "realizar tareas represivas, poseer facultades compulsivas, ni cumplir funciones policiales o de investigación criminal", así como tampoco "obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción".

Tampoco "influir de cualquier modo en la situación institucional, política, militar, policial, social y económica del país, en su política exterior, en la vida interna de los partidos políticos legalmente constituidos, en la opinión pública, en personas, en medios de difusión o en asociaciones o agrupaciones legales de cualquier tipo".

Otra de las limitaciones tiene que ver con "revelar o divulgar cualquier tipo de información adquirida en ejercicio de sus funciones relativa a cualquier habitante o a personas jurídicas, ya sean públicas o privadas, salvo que mediare orden o dispensa judicial".

Por otra parte, el decreto 213/2020 establece que los documentos del atentado a la AMIA tendrán carácter "público". Es decir, que toda información recopilada sobre el atentado a la mutual israelita será de acceso libre, así como los procesos judiciales que ya cuentan con sentencia, archivos relacionados al "encubrimiento y demás delitos conexos". Especialmente la proporcionada por la actual Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

El decreto señala los antecedentes de desclasificación (tanto en 2015 como en 2017), aunque aclara que "pese a los numerosos antecedentes normativos, persisten en la actualidad diversos obstáculos para un acceso pleno al derecho a la información y a la verdad por parte de las víctimas y familiares del atentado ocurrido en el año 1994 y su encubrimiento".

La medida también incluirá legajos de investigación y pliegos donde se detallan cada uno de los juicios realizados.

"Tenemos la decisión irreversible de terminar para siempre con los sótanos de la democracia", expresó Alberto Fernández en su discurso en la apertura Legislativa.