21 - Feb -2020 - 12:22
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Política

ANÍBAL FERNÁNDEZ: UNO NO SE PUEDE CALLAR LA BOCA


Tras las 417 cesantías en Río Turbio, el nuevo administrador denunció ante la justicia a su antecesor por desviación de poder y delitos de acción pública.



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Mucho se dijo en los medios sobre la reciente decisión del flamante titular del Yacimiento Carbonífero de Río Turbio, Anibal Fernández, quien desafectó de la planta a 417 trabajadores/as que habían sido nombradxs durante el macrismo.

El diario "La Nación", no detalla en su nota del día de hoy la veracidad de los hecho,s e intenta sensibilizar a lxs lectores: "la noticia impactó en el corazón de la cuenca carbonífera", desliza. Medio que por cierto, poco se ocupó durante los últimos cuatro años a la realidad de lxs trabajadores/as, el cierre de las pymes y comercios.

Caber recordar que en octubre de 2019, Omar Zeidán, interventor de YCRT - Yacimiento Carbonífero Río Turbio, firmó a través de la resolución 127/19 la contratación de 417 agentes en planta permanente. En aquel momento el sector era inviable en términos financieros, pero la designación se fundamentaba en las supuestas "inversiones programadas" por el gobierno de Mauricio Macri que demandarían la necesidad de contar con mayor cantidad de personal en el sector.

Pero lo que no detallaba la resolución es que las actividades del Yacimiento se encontraban paralizadas por medidas de fuerza del personal y ante la grave crisis que atravesaba la empresa. Tal es así, que Zaidán pretendía despedir a más de 500 trabajadores/as en el curso de 2018, alegando la inviabilidad de la empresa y el procedimiento de crisis. Mientras tanto, los ingresantes en 2019 no cumplían con la residencia e idoneidad para las tareas que fueron contratadxs. Más grave aún, la contratación se realizó a dedo sin ser convocados a través de los canales convencionales.

Tras perder las elecciones presidenciales de octubre de 2019 el macrismo se decidió a coptar de YCRT. Por este motivo se procedió a la revocación de los contratos ilegítimos y a realizar la denuncia penal correspondiente contra el interventor Zaidán considerando "desviación" de poder y por los delitos de acción pública en perjuicio de YCRT.

"Todo el acto es nulo. Me molesta tener que tomar una decisión que implica la cesantía de 417 personas, pero ninguna fue convocada por mecanismos públicos sino elegidas arbitrariamente a dedo por el propio interventor. No es que estamos despidiendo personal, tenemos que revocarlo y eso hace que caigan las designaciones que vinieron a complicar aún más la delicada situación financiera ", sostuvo Aníbal Fernández ante la situación que encontró en la empresa.