05 - Aug -2019 - 9:27
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Judiciales

OTRA MENTIRA DEL GOBIERNO Y MEDIOS ALIADOS


Peritos de la Corte Suprema informaron que Cristóbal López y Fabián De Souza estaban al día con AFIP.


María Vázquez Falcó
mariafalco.bsas@gmail.com


La Corte Suprema de Justicia de la Nación realizó una pericia con contadores oficiales que fue incorporada al juicio oral por "presunta defraudación de la petrolera Oil Combustibles" y cuestionó la acusación de la AFIP contra el ex titular del organismo recaudador, Ricardo Echegaray, y los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa.

Los resultados de la pericia demostraron que el reclamo de deuda por el Impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC) no fue de $8.000 millones y que para diciembre 2015 estaban todos los planes regularizados y con cuotas al día.

Según informa el periodista Gabriel Mornini en Ámbito Financiero, el monto refinanciado en planes especiales era de $2.200 millones de los cuales $1.600 se pagaron.

Los peritos remarcaron que una serie de disposiciones del administrador federal Alberto Abad, apenas asumió Cambiemos, generaron la caída de los planes de pago y ocasionaron que la deuda se tornara imposible de cumplir.

El Tribunal Oral Federal N°3 ordenó que la pericia fuera incorporada como prueba al juicio y el informe fue remitido el pasado 17 de julio en el inicio de la Feria Judicial.

La documentación explica que "en el período que va desde el inicio de actividades de Oil Combustibles hasta el día en el que ésta presentara su concurso preventivo, se abonaron por todo concepto $7.175.646.906,18”. Ésto cuestiona una de las principales hipótesis de la investigación que fue que la empresa jamás había abonado el ITC y que con esos montos había financiado el conglomerado empresario del Grupo Indalo. También detalla que en los Planes por el denominado Artículo 32, se pagaron más de $5.333 millones de capital más $1841 millones de intereses por financiación. Los peritos señalaron que fueron resoluciones de Abad las que hicieron caer los planes de pago vigentes hasta fines de 2015 lo que generaron la acumulación de deuda que se volvió inmediatamente exigible y generó la quiebra de la empresa.

Mientras tanto, el gobierno, sigue sosteniendo que no hay presos políticos.