19 - Jun -2019 - 14:33
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Judiciales

LA CORTE SUPREMA FRENA Y PIDE UN REPUDIO SOCIAL A LAS ESCUCHAS ILEGALES



María Vázquez Falcó
mariafalco.bsas@gmail.com


La Corte Suprema de Justicia le puso freno a las "escuchas ilegales", un signo de cordura para el pueblo argentino en un año electoral.

Ante la avalancha de "pichaduras telefónicas" difundidas en los medios de comunicación durante los últimos meses, la Corte aclaró que las únicas escuchas "legales" son las que "poseen permiso judicial" y exigió castigo y el "máximo repudio social" a los que se benefician con las mismas e intentan instalar y naturalizar una acción impropia a la justicia.

A través de la Acordada N° 17/2019, los jueces manifestaron su "preocupación" por los acontecimientos de público conocimiento vinculados a la difusión pública de la captación de comunicaciones, cuya interceptación y captación solo puede ser dispuesta por orden judicial en el marco de procesos penales en curso.

También expresaron que la Constitución Nacional veda las intromisiones arbitrarias en la privacidad: "Las circunstancias y razones que validan la irrupción en el ámbito privado de los individuos deben estar previstas en la ley, perseguir un fin legítimo y cumplir con los requisitos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, es decir, deben ser necesarias en una sociedad democrática".

Por otra parte, detallaron que "todas las personas tiene derecho a no sufrir invasiones a su privacidad y el interés estatal en la persecución penal de un posible delito y que en caso de iniciarse una investigación en su contra se debe incluir una necesaria ponderación de los instrumentos escogidos y los fines hacia los que se dirige la específica herramienta investigativa".

En un apartado especial precisaron: "las autoridades públicas que no respeten el proceder legal y comentan acciones arbitrarias violatorias del orden constitucional, por expreso mandato constitucional con las comunicaciones en todas sus variantes, al igual que la correspondencia epistolar, solo pueden ser objeto de injerencia en la medida en que exista una orden judicial debidamente fundada, sin que la privacidad pueda ser soslayada en miras a satisfacer una necesidad genérica y abstracta de prevenir o descubrir delitos".

El documento firmado por el presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti; advirtió a los que se benefician económicamente o políticamente con escuchas ilegales o que se dedican a extorsionar o deslegitimizar a otras personas o candidatxs.

"La obtención furtiva de datos personales o información sensible que no encuentra fundamento en una investigación judicial, la elaboración de registros meramente "preventivos", la divulgación, tráfico o comercio de los datos obtenidos en base a una finalidad originariamente lícita, la amenaza o el chantaje derivados de la posesión de datos íntimos que no resultan conducentes para el esclarecimiento de un delito, no solo deben ser prevenidos y castigados por la ley y la jurisprudencia subsecuente, sino que deben merecer el máximo repudio social, pues constituyen un atentado a la confianza pública", concluyeron.