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Derrote el terror.
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Corte Suprema de Justicia de la Nación
03 - May -2017 - 13:43


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Judiciales

REPUDIABLE FALLO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA EN DELITOS DE LESA HUMANIDAD

Declaró aplicable el cómputo del 2X1.

Noticias NU

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la votación de la maryoría de sus miembros a favor, declaró aplicable la Ley Nº 24.390 por la que se reduce el cómputo de prisión 2X1, en este caso en delitos de lesa humanidad.

Cabe recordar que dicha ley estuvo vigente entre los años 1994 y 2001, para ser luego derogada.

"Se atribuyó a Luis Muiña ser el coautor del delito de privación ilegítima de la libertad, hecho cometido por funcionario público con abuso de sus funciones, agravado por amenazas en curso ideal con el delito de imposición de tormentos en relación con las condiciones de cautiverio impuestas, en concurso real con el delito de imposición de tormentos por un funcionario público al preso que guarde, reiterado en cinco (5) oportunidades en perjuicio de Gladys Evarista Cuervo, Jacobo Chester, Jorge Mario Roitman, Jacqueline Romano y Marta Elena Graiff (arts. 144 bis inciso primero y último párrafo en función del art. 142 inciso 1º -texto según ley 14.616- del Código Penal)", detalla la publicación judicial.

El 28 de marzo de 1976, en horas de la madrugada, un operativo militar con tanques y helicópteros comandado por Reynaldo Bignone, llegó al Hospital Posadas, Prov. de Bs. As. En ese mismo operativo detuvieron a personal sanitario y los trasladaron al centro clandestino de detención "El Chalet", donde fueron privados ilegalmente de la libertad y torturados. Muiña fue condenado en el año 2011 por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2: a la pena de 13 años de prisión, quedando la misma en firme en 2013, ya que la Corte Suprema, en su momento, declaró inadmisible por la aplicación del Art. Nº 280 del CPCCN el recurso extraordinario presentado por la defensa.

En 2014 la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, dispuso realizar un nuevo cómputo con prescindencia del beneficio consagrado en el Art. 7 de la Ley Nº 24.390, en razón considerarlo inaplicable al caso.

Este último pronunciamiento es el que fue apelado ante la Corte por la defensa oficial del condenado en la queja por recurso extraordinario denegado CSJ 1574/2014.

Hoy en un voto conjunto los jueces Rosenkrantz y Highton de la Corte Suprema de la Nación, consideraron que la resolución de la Cámara se había apartado de las normas convencionales (Art. 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos y 15.1. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ) y constitucionales (Art. 18 de la Constitución Nacional), que resultaban conducentes para la debida solución del caso. Sostuvieron asimismo que el Art. 2 del Código Penal establece que el beneficio de la aplicación de la ley penal más benigna resulta extensivo a todos los delitos, sin realizar distinción alguna, por lo que pusieron de relieve que dicho artículo utiliza el adverbio "siempre" para determinar las circunstancias en las que el derecho a la aplicación de la ley penal más benigna debe concederse. Y concluyeron que los tribunales no podían negar a algunos lo que debe otorgarse a todos. Resolvieron además que la decisión de Casación debía revocarse, en tanto el Art. 2 del Código Penal.

Highton y Rosenkrantz sostuvieron que aun si hubiera alguna duda sobre la aplicabilidad del Art. 2 del Código Penal, a delitos como los cometidos por Muiña, debe resolverse en favor del acusado en virtud de las exigencias del principio de legalidad, y que las conclusiones que en derecho corresponde aplicar en el caso no pueden ser conmovidas por el hecho de que el nombrado hubiera sido condenado por la comisión de delitos de lesa humanidad, pues en el texto de la Ley Nº 24.390 no se hace excepción respecto de tales delitos.

Afirmaron también que la mejor respuesta, que una sociedad respetuosa de la ley, puede darle a la comisión de delitos de lesa humanidad, y la única manera de no parecerse a aquello que se combate y se reprueba, es el estricto cumplimiento de las leyes y de los principios que caracterizan el Estado de Derecho lo que en el caso exigía hacer lugar a la pretensión de Muiña.

Rosatti expuso el dilema moral que plantea en el juzgador la aplicación de un criterio de benignidad a condenados por delitos de lesa humanidad, para concluir que este dilema debe ser resuelto con la estricta aplicación de la Constitución y las leyes. Afirmó que si el legislador no previó un régimen diferenciado que excluyera la aplicación de la ley penal más benigna a los delitos de lesa humanidad no lo puede hacer ahora el juez, pues de otro modo éste se convertiría en aquel, violentándose el principio constitucional de división de poderes.

LAS DISIDENCIAS EN LA CORTE: Los jueces Lorenzetti y Maqueda, en disidencia con la mayoría y con votos concurrentes, sostienen que no se ha dado ningún cambio en la valoración de los delitos de lesa humanidad. Por el contrario, existe una consistencia en la definición, calificación y persecución de este tipo de delitos que se ha mantenido en diversos precedentes, no sólo de la Corte Suprema, sino de todo el Poder Judicial. Más aún, puede decirse, como se lo ha señalado en diversos pronunciamientos institucionales de la Corte como cabeza del Poder Judicial, que se trata de una política de estado, afirmada por los tres poderes, en diversas épocas, de modo que constituye parte del contrato social de los argentinos-as. Que es por esta razón que es necesario calificar este caso, en primer lugar, como un aspecto de los delitos de lesa humanidad, tipificados por esta Corte (Fallos 328:2056). Respeto de esta categoría este Tribunal ha señalado que no hay posibilidad de amnistía (Fallos 328:2056), ni de indulto (Fallos: 330:3248), ni se aplica a ellos el instituto de la prescripción (Arancibia Clavel), y que la persecución forma parte de los objetivos de la legislación internacional (Fallos: 330: 3248). Por lo tanto, la ejecución de la pena, es, claramente, parte del concepto normativo antes descripto, y una interpretación de la ley no puede llevar a una frustración de la finalidad persecutoria en este campo.

Que el principio de la ley penal más benigna tiene rango constitucional, y requiere la evaluación de si la ley posterior al hecho es la expresión de un cambio en la valoración de la clase de delito correspondiente a los hechos de la causa, lo que no ha ocurrido en el caso.

Que, por otro lado, el carácter permanente de un delito implica que si durante su lapso de consumación rigieron dos leyes, no se trata de un caso de sucesión de leyes penales (hipótesis del Art. 2 del Código Penal, donde se debe aplicar siempre la más benigna), sino de coexistencia de leyes. Por lo tanto, siguiendo este enfoque, se debe aplicar una sola ley que es la vigente en el último tramo de la conducta punible. En virtud de este otro argumento, es claro que respecto de Muiña resulta aplicable la ley Nº 25.430 que derogó la mentada disposición de la ley Nº 24.390. Esta regla es la aceptada también por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha establecido que "por tratarse de un delito de ejecución permanente, es decir, cuya consumación se prolonga en el tiempo… la nueva ley resulta aplicable, sin que ello represente su aplicación retroactiva. En este mismo sentido se han pronunciado tribunales de la más alta jerarquía de los Estados del continente americano al aplicar normas penales en casos relativos a hechos cuyo principio de ejecución comenzó antes de la entrada en vigor del tipo penal respectivo" (Gelman vs. Uruguay, sentencia del 24 de febrero de 2011, apartado 236).

REPUDIABLE FALLO DE LA CORTE SUPREMA DE LA NACIÓN.

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