18 - Jan -2019 - 11:48
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Política

BRUTAL RECORTE EN LAS ÁREAS DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA


El ejecutivo vulnera los derechos de protección integral.


Noticias NU


El Poder Ejecutivo nacional decidió reducir el presupuesto asignado por el Congreso Nacional a la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes, a la Comisión Bicameral encargada de la designación del/la Defensor/a de Niñas, Niños y Adolescentes, y a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF).

La medida es violatoria de los derechos de las niñas, niños y adolescentes y representa una fuerte limitación a las políticas de protección integral de los derechos de la infancia.

Mientras la SENNAF es el órgano rector de las políticas públicas de promoción y protección de los derechos de la niñez; la Defensoría tiene a su cargo la defensa de niñas, niños y adolescentes y el monitoreo sobre la efectividad de las políticas.

El 11 de enero de 2019, al distribuir los recursos presupuestarios, el Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Marcos Peña, resolvió recortar 28 millones de pesos asignados en la Ley de Presupuesto 2019 a la Defensoría, 4 millones de pesos asignados a la Comisión Bicameral y 900 millones de pesos asignados a la SENNAF. Esta decisión, que lleva también la firma del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, desconoce el presupuesto debatido y sancionado por el Congreso y vulnera la Constitución Nacional.

En el proyecto de presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo para el 2019, ya era posible identificar un recorte en términos reales con respecto a la asignación presupuestaria que estos organismos habían recibido en 2018, tomando en cuenta la inflación considerada por el propio Poder Ejecutivo.

En el caso de la Defensoría, el proyecto de Ley preveía una partida de $22.174.283 y para la Comisión estimaba $2.771.786, ambos montos representaban una reducción del 67%. Por su parte, el crédito total proyectado para este año para los distintos programas de la SENNAF era de $3.305.474.918, es decir, un 35% menor que el presupuesto aprobado por el Congreso para 2018. Cabe destacar, además, que en el caso del programa destinado a la promoción y asistencia de los espacios de primera infancia -a cargo de la SENNAF-, el recorte presupuestario ascendía al 75%.

Finalmente, el presupuesto votado por el Congreso incorporó cambios sustanciales en línea con los señalamientos realizados desde el colectivo Infancia en Deuda. El artículo 16 de la Ley de Presupuesto N° 27.467 dispuso una asignación adicional de $900.000.000 a la SENNAF (pasando de $3.305.474.918 a $4.205.474.918), aunque sin especificar el Programa destinatario de dichos recursos. En el mismo artículo, se estableció una asignación adicional de $4.000.000 para la Comisión Bicameral (pasando de $2.771.786 a $6.771.786) y de $28.000.000 para la Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (pasando de $22.174.283 a $50.174.283). Sin embargo, en la Decisión Administrativa del Jefe de Gabinete a través de la cual se distribuyen los créditos presupuestarios previstos por la Ley de Presupuesto 2019, no se ven reflejadas estas partidas adicionales. El crédito asignado a la Defensoría, a la Comisión y a la SENNAF es el mismo que en el proyecto de Ley propuesto por el Ejecutivo y no se tienen en cuenta las modificaciones positivas que había incorporado el Congreso. La reasignación efectuada, además de resultar inconstitucional, transgrede las disposiciones de la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en tanto establece la intangibilidad de los recursos públicos destinados a garantizar el ejercicio de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Exigimos al Poder Ejecutivo Nacional que restituya los 900 millones de pesos correspondientes a la SENNAF, los 28 millones de pesos desafectados a la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes y los 4 millones correspondientes a la Comisión Bicameral encargada de su designación; partidas sustraídas de forma ilegítima. En el contexto actual, en el cual el 48% de las niñas y niños se encuentran en situación de pobreza, resulta inaceptable que el Poder Ejecutivo decida vulnerar la voluntad expresada por el Poder Legislativo al definir el presupuesto, desfinanciando dos de los principales órganos del sistema de protección integral de la niñez y adolescencia.